La Cámara de Diputados aprobó este martes una reforma para que los recursos abandonados en instituciones bancarias se destinen a seguridad pública. El dictamen fue avalado en lo general, con 483 votos a favor, cero en contra y una abstención y, en lo particular, con 366 votos a favor, 102 en contra y cero abstenciones.
La reforma especifica que los recursos, así como los intereses y rendimientos acumulados, generados por todos los depósitos e inversiones en la cuenta global con excepción de aquellos previamente destinados a la beneficencia pública, prescribirán en favor de la seguridad pública y se deberán destinar para las políticas y acciones de combate a la delincuencia en los porcentajes que se establezcan para ello.
Además, establece que los depósitos e inversiones y sus intereses sin movimiento en el transcurso de tres años contados a partir de que estos últimos se depositen en la cuenta global, cuyo importe no exceda por cuenta, al equivalente a 540 Unidades de Medida y Actualización en la Ciudad de México, prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública; la ley vigente establece 300 días de salario mínimo general.
Las instituciones estarán obligadas a enterar los recursos correspondientes tanto a la beneficencia pública como a la dependencia responsable de la seguridad pública, dentro de un plazo máximo de quince días contados a partir del 31 de diciembre del año en que se hayan declarado abandonados.
Estos recursos serán considerados como excedentes, de acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación. El Sistema Nacional de Seguridad Pública instrumentará los mecanismos de coordinación, así como los convenios y acuerdos, para realizar el traslado de los recursos, que serán repartidos a la Federación (50%), estados (30%) y a los municipios (20%).
La iniciativa, presentada por el morenista Ignacio Mier Velazco, fue considerada de urgente resolución, por lo que se le dispensaron todos los trámites, se sometió a discusión y votación de inmediato. Tras su aprobación, fue enviada al Senado de la República, donde tendrá que ser avalada.
Mier considera que esta reforma permitirá dotar de más de 10 mil millones de pesos para seguridad, sobre todo en equipamiento e infraestructura policial, lo que comprenderá a la Guardia Nacional, así como a las policías estatales y municipales.
“No se está proponiendo disponer de los recursos de usuarios de servicios financieros con posibilidades de ser reclamados, sino de aquellos recursos cuyo derecho a ser reclamados han prescrito; es decir, que habiendo transcurrido los seis años que marca la ley, no fueron ni podrán ser reclamados por lo que no se afectan las garantías constitucionales”, aclaró.
