Culiacán, Sinaloa, a 9 de junio de 2017.- Con las reformas realizadas a la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, el pasado jueves por el Poder Legislativo, se propicia una sana y libre competencia entre el sector de carga, y se cumple con las recomendaciones que la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) hizo al Gobierno del Estado recientemente, señaló el director de Vialidad y Transportes, Guillermo Damián Haro Millán.
De entrada, el funcionario estatal reconoció el hecho de que las reformas a esta legislación que regula la prestación del servicio de transporte público en todas sus modalidades, fue aprobada de manera unánime por todos los diputados locales, lo que demuestra que se trata de una ley de avanzada que propiciará la modernización de este sector.
Haro Millán destacó que como primer punto relevante, en el transporte de carga se elimina el actual régimen de concesión a discrecionalidad de la autoridad, lo que significa que se instaurará un régimen por convocatoria pública donde pueden participar todos los ciudadanos que pretendan obtener un permiso o una concesión.
Además, se eliminan los permisos de zona que otorgaba la dependencia a su cargo, y una vez que entren en vigor las reformas, los permisos serán válidos para todo el estado, ya que actualmente, los permisos tienen vigencia sólo en el municipio donde fueron solicitados.
“Voy a ejemplificar, si tú obtenías un permiso para trabajar en el municipio de Culiacán únicamente podías hacerlo valer en ese municipio, ese permiso era inválido para trabajar en Mazatlán, Mochis, Guasave, etcétera. Si la autoridad te da un permiso o una concesión, esa concesión será válida en toda la geografía del estado”, precisó.
El director de Vialidad y Transportes agregó que otro punto trascendental de esta reforma, es que la autoridad ya no regulará las tarifas, sino que éstas serán fijadas en función de la ley de la oferta y la demanda, como debe de ser una sana práctica.
Otro punto que tiene que ver con la transparencia, es que se eliminan los conflictos de intereses, ya que no se otorgarán permisos y concesiones a parientes, compadres, amigos, o alguien que tenga una relación directa con la propia autoridad.
Además, se contempló la prohibición de que los servidores públicos puedan solicitar o entrar a la convocatoria para obtener permisos o concesiones, ya que hay una prohibición expresa en ese sentido que se señala en la ley.
Haro Millán comentó que otro punto es que se fija un plazo fatal para que la autoridad responda al peticionario de un permiso o una concesión. “Antes presentaba el ciudadano su solicitud y dormía el sueño de los justos. Hay expedientes que datan de años, ahora no, la autoridad está obligada a dar respuesta en el sentido positivo o negativo, según sea el caso en un plazo perentorio y fatal”, puntualizó.
En una socialización con el sector transportista, se acordó previamente que estas reformas no entren en vigor en forma inmediata, sino que se da un plazo de tres meses que se cuentan a partir de un día después de la publicación en el Periódico Oficial, es decir, tienen que transcurrir 90 días para que la ley entre en vigor y tenga aplicación legal.
