Culiacán, Sinaloa; a 01 de Marzo de 2017.- Por contar con siete órdenes de aprehensión en su contra, seis personas fueron detenidas por investigadores de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), dependientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en los municipios de Mazatlán, Ahome y Culiacán.
Sin prejuzgar, atendiendo el respeto al derecho del principio constitucional de presunción de inocencia y que nadie es culpable de los delitos que se le imputan hasta que un Juez considere lo contrario, la PGJE informa que por contar con dos órdenes de aprehensión por el delito de Fraude Genérico fue detenido en Los Mochis, Manuel “N”, quien era reclamado por el Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Norte.
Por contar con una orden de reaprehensión por Delitos Contra la Salud en su Modalidad de narcomenudeo, posesión de mariguana, con fines de venta, fue detenido Miguel Antonio Valdez Hernández, por orden del Juez Cuarto del Distrito Judicial de Mazatlán
Acusadas del delito de Robo Agravado en Lugar Habitado en el Juzgado Quinto del Distrito Judicial de Culiacán fue detenida Cynthia Selene Aguilar Benítez y señalada como probable responsable del delito de Daños Culposos por Accidente de Tránsito (por choque) fue detenida Paula del Carmen López Valenzuela, por orden del Juez Sexto del mismo Distrito Judicial.
Señalado como probable implicado en el delito de Corrupción de Menores y reclamado por el Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Norte fue detenido Juan “N” y Enrique Guzmán Sotelo fue detenido por estar siendo acusado del delito de Daños Dolosos en el Juzgado Cuarto de Distrito Judicial de Culiacán.
Los detenidos fueron internados en los Centros de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Mazatlán, Ahome y Culiacán, además fueron puestos a disposición de los jueces que los reclaman, quienes dentro del término legal resolverán su situación jurídica.
La PGJE refrenda su compromiso para hacer cumplir la Ley, con estricto respeto a los derechos humanos, para llevar ante los Jueces penales a todas aquellas personas que por algún delito sean reclamados por las autoridades judiciales, en especial aquellas acusadas de conductas ilícitas que afecten a las familias.
