Culiacán, Sin., 17 nov. 2026.- La administración del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya dejó un boquete financiero superior a los 26 mil millones de pesos que compromete la capacidad de respuesta del Gobierno de Sinaloa, particularmente por los 20 mil 800 millones de pesos de obligaciones de corto plazo que deberán atenderse en un escenario de recursos presupuestales muy limitados, advirtió la diputada Paola Gárate.
Al fijar su posicionamiento sobre el Paquete Económico 2027, la legisladora señaló que el diagnóstico financiero expuesto recientemente por el contador público Antonio Vega Gaxiola, ex Auditor Superior del Estado, pone en evidencia las dimensiones del problema que enfrenta Sinaloa y las consecuencias de una administración que, durante años, sostuvo un discurso de finanzas sanas y manejo responsable de los recursos públicos.
Explicó que, de acuerdo con el análisis presentado, de los más de 26 mil millones de pesos de compromisos financieros, poco más de 5 mil 600 millones corresponden a obligaciones de largo plazo, mientras que 20 mil 800 millones son de corto plazo, lo que representa casi el 80 por ciento del monto señalado y coloca una presión extraordinaria sobre la disponibilidad de recursos del estado.
“Lo que tiene contra la pared a las finanzas de Sinaloa son los 20 mil 800 millones de pesos de deuda de corto plazo. Casi el 80 por ciento de este pasivo es dinero que debe pagarse de manera inmediata, asfixiando el flujo financiero del estado”, sostuvo.
Gárate advirtió que esta situación tendrá repercusiones directas en el presupuesto de egresos de 2027, pues los recursos disponibles tendrán que destinarse prioritariamente a cubrir compromisos financieros heredados, reduciendo todavía más el margen de maniobra gubernamental para atender las necesidades de la población.
Subrayó que Sinaloa enfrenta simultáneamente una profunda crisis económica y de seguridad, con negocios que han cerrado, pérdida de empleos, productores agrícolas que necesitan respaldo y familias que demandan mejores servicios públicos.
“Las micro y pequeñas empresas necesitan un gobierno con capacidad para rescatarlas. En su lugar, tenemos un estado hipotecado a corto plazo, obligado a enfrentar una deuda que restringe su respuesta ante la crisis”, expresó.
La diputada señaló que cada peso comprometido en cubrir estos pasivos representa recursos que dejan de estar disponibles para fortalecer la seguridad pública, equipar a las policías municipales, abastecer hospitales de medicamentos o reparar las carreteras del estado.
Ante el limitado incremento de los recursos federalizados contemplados para Sinaloa en el Paquete Económico 2027, consideró indispensable transparentar la situación financiera real de la entidad y evitar que el endeudamiento acumulado termine condicionando las decisiones presupuestales y la inversión social.
En ese sentido, anunció que desde el Grupo Parlamentario del PRI exigirán una auditoría exhaustiva, transparente y abierta a la ciudadanía sobre toda la deuda y los compromisos financieros generados durante la administración de Rocha Moya.
La revisión, puntualizó, deberá esclarecer el origen y las condiciones de cada obligación, el destino de los recursos, los proveedores a quienes se les adeuda y los contratos que pudieron haberse firmado sin suficiencia presupuestal.
“Este Congreso debe asumir su responsabilidad. Las y los diputados fuimos electos para representar al pueblo y vigilar cada centavo del dinero público. Sería una complicidad convertirnos en una oficialía de partes que valide el desastre financiero”, afirmó.
Respecto a la discusión presupuestal, Paola Gárate adelantó que el PRI no aprobará ningún presupuesto a ciegas ni avalará maquillajes contables que oculten la dimensión del problema financiero. Exigirá un plan estricto de saneamiento de las finanzas públicas, acompañado de austeridad real en el gasto corriente, eliminación de privilegios, asesorías innecesarias y gastos superfluos.
Asimismo, rechazó que la solución sea crear nuevos impuestos, aumentar derechos o contratar más deuda pública para cubrir los compromisos acumulados por la administración estatal.
“El desorden administrativo del gobierno no lo van a pagar las familias ni los sectores productivos de Sinaloa. Nuestra gente trabaja y cumple con sus impuestos. Merece un gobierno que administre con la misma honradez y responsabilidad con la que cada familia estira su quincena para salir adelante”, manifestó.
Finalmente, sostuvo que la discusión del Paquete Económico 2027 debe colocar en el centro la transparencia financiera y la protección de los recursos destinados a la población, pues la crisis de endeudamiento no puede convertirse en una justificación para sacrificar la inversión social ni trasladar sus consecuencias a los sinaloenses.
“Defenderemos la inversión social frente a este desastre financiero y rechazaremos que su costo termine en los bolsillos de las familias sinaloenses”, concluyó.