Crisis en distintos ámbitos en Sinaloa, considera diputada

Culiacán, Sin., 6 oct. 2026.- Sinaloa no enfrenta solamente una crisis de s3guridad; enfrenta también una crisis de procuración de justicia, porque mientras los hechos delictivos y la viol3ncia han aumentado durante los últimos dos años, la capacidad institucional para investigar, procesar evidencia y llevar a los responsables ante la justicia no ha crecido al mismo ritmo, advirtió la diputada Paola Gárate.
“La seguridad no termina con una d3tención. Hay justicia cuando se investiga, se procesa la evidencia, se lleva a los responsables ante un juez y las víctimas reciben respuestas”, afirmó.
Sostuvo que cada h0micidio, d3aparición, s3cuestro, rob0 o @taque que no se investiga con capacidad y oportunidad deja una deuda con las v¡ctimas y abre espacio para que la impunidad se convierta en una constante. La s3guridad no termina cuando ocurre un d3lito; también depende de que el Estado tenga la capacidad para investigar, acreditar responsabilidades y llevar los casos ante un juez”, señaló.
En el área de servicios p3riciales de la Fiscalía General del Estado las solicitudes pendientes pasaron de aproximadamente 6 mil 300 en 2023 a cerca de 19 mil en 2024 y superaron las 26 mil en 2025. Es decir, en apenas dos años el rezago aumentó más de 300 por ciento.
Al mismo tiempo, el número de peritos disminuyó: pasó de 228 en 2024 a 217 en 2025, en plena guerra que afecta al estado de Sinaloa. Crecieron los peritajes pendientes y disminuyeron los peritos.
“Detrás de cada dictamen que se retrasa puede haber una víctima esperando que su caso avance. Una carpeta inmóvil no es un número: detrás hay una persona y una familia esperando justicia”, manifestó Paola Gárate.
Además, durante ese mismo año la institución reportó solamente cinco personas adscritas a inteligencia y análisis criminal, una capacidad que, consideró, resulta insuficiente frente a la complejidad de los delitos y de las organizaciones criminales que operan en el estado.
“Es muy difícil enfrentar organizaciones criminales cada vez más complejas con capacidades institucionales tan limitadas. Sinaloa necesita más personal especializado, más inteligencia y mejores herramientas para investigar homicidios, secuestros, desapariciones y otros delitos de alto impacto” y subrayó que los señalamientos no están dirigidos contra quienes trabajan diariamente en la Fiscalía.
MENOR PRIORIDAD PRESUPUESTAL FRENTE A UNA MAYOR CRISIS
Paola Gárate señaló también que existe una diferencia importante entre la dimensión de la crisis de seguridad que enfrenta Sinaloa y los recursos destinados a la institución encargada de investigar los delitos.
En 2024, explicó, el gasto de la Fiscalía representó aproximadamente 282 pesos por habitante, frente a 712 pesos en Sonora, 821 en Chihuahua y 872 en Quintana Roo.
“El propio Gobierno reconoce que existe una emergencia de seguridad, pero la institución encargada de investigar los delitos no está siendo fortalecida en la misma proporción. No se puede exigir que una Fiscalía resuelva una crisis cada vez mayor si sus capacidades no crecen de acuerdo con esa realidad”, sostuvo.
La diputada recordó que la autonomía de la Fiscalía no significa ausencia de rendición de cuentas.
Por ello, planteó que el Congreso del Estado debe revisar si los recursos asignados corresponden realmente a las necesidades de procuración de justicia que enfrenta Sinaloa.
Gárate señaló que el problema de los rezagos en la procuración de justicia también tiene una dimensión federal y puntualizó que la Fiscalía General de la República debe de informar sobre los casos de especial trascendencia para Sinaloa que se encuentran bajo su responsabilidad.
Entre ellos mencionó el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda.
CINCO ACCIONES PARA REDUCIR EL REZAGO
Primero: establecer un programa extraordinario para fortalecer servicios periciales, policía de Investigación, ministerios públicos e inteligencia criminal.
Segundo: implementar una estrategia específica para reducir las más de 26 mil solicitudes periciales pendientes, con metas trimestrales públicas y verificables.
Tercero: publicar indicadores que permitan conocer el número de investigaciones sin actuación, peritajes pendientes, tiempos de respuesta y órdenes judiciales pendientes de ejecutar.
Cuarto: que el Congreso revise si el presupuesto de la Fiscalía corresponde a la dimensión de la crisis de seguridad que enfrenta Sinaloa.
Quinto: que la Fiscalía General de la República informe con claridad sobre los casos de especial trascendencia para el estado que permanecen bajo su responsabilidad.
“No queremos más presupuesto para administrar el mismo rezago. Queremos recursos suficientes, personal especializado, controles, metas y resultados”, enfatizó, concluyó la legisladora.