ABREN PROCESO A EX FUNCIONARIOS MALOVISTAS POR FALTANTE DE MIL 143 MILLONES

Culiacán, Sinaloa, a 10 de julio del 2017.- Cuotas no enteradas al IPES y al ISSSTESIN por mil 934 millones de pesos, un faltante en las arcas públicas por 667 millones de pesos, y la apertura de tres expedientes administrativos en contra de ex servidores públicos  por el presunto desvío de mil 21 millones de pesos por posible daño a las finanzas del Estado, además de otros procesos que se abrirán por un monto de mil 143 millones de pesos, son algunos de los puntos que arrojó la auditoría practicada por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.

En conferencia de prensa, su titular, Guadalupe Yan Rubio, presentó el resultado de esta auditoría, la cual no incluye los rubros de Salud y Educación, mismas que están en proceso y que concluirán a finales de agosto, debido a la amplitud de su contenido.

La secretaria de Transparencia aclaró que como consecuencia de los hallazgos encontrados, independientemente de los procedimientos administrativos que ya se han abierto, el Gobierno del Estado presentará las denuncias y/o querellas penales que en cuanto a derecho proceda, pues con estas acciones se cumple el compromiso del gobernador Quirino Ordaz Coppel de combatir la impunidad mediante la aplicación estricta de la ley.

Dio a conocer que durante el primer semestre del año se revisaron los saldos de 841 cuentas de cheques, 16 mil 724 partidas de aplicación presupuestal, 31 mil 237 pólizas que representan 25 mil 762 millones de gasto federalizado y no federalizado,  y 115 convenios con la Federación correspondiente a mil 137 obras.

De entrada, Yan Rubio informó que el saldo real encontrado no corresponde con el reportado, pues se encontró un saldo en bancos por 421 millones de pesos, que comparado con el registrado en la cuenta pública presenta una diferencia de 667 millones de pesos, de los cuales, 594 millones de pesos corresponden al Banco Interacciones.

Explicó que lo anterior refleja una contabilidad que no presenta de forma veraz la información financiera del Gobierno del Estado, ya que es evidente que no se hicieron los registros contables de manera adecuada en los términos que marca la Ley de Contabilidad Gubernamental, lo que denota una grave falta de transparencia.

Añadió que al cierre de 2016 se encontró un pasivo acumulado por mil 934 millones de pesos en cuotas, aportaciones y retenciones de trabajadores no enteradas, principalmente al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa y al ISSSTESIN, práctica que se observa desde 2012, registrándose un incremento importante del 47 por ciento en el ejercicio del 2016.

“El que no se hayan realizado los enteros de las cantidades retenidas mes con mes, que es como lo establece la normatividad, generó un problema financiero para el Estado debido a que los recursos no enterados se destinaron a otros fines, mientras que los acreedores han venido realizando gestiones para que se cumpla con las obligaciones de realizar el entero correspondiente”, señaló.

Por lo que toca a los tres procesos administrativos abiertos, que involucran a nueve ex servidores públicos, explicó que éstos tendrán un plazo de siete días hábiles para comparecer ante esta Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas a partir de su notificación, para que rindan el informe que marca la ley en contra de los hechos que se les imputa.

Además, en los próximos días se llamará a procedimiento de responsabilidades administrativas a otros ex servidores públicos sobre diferentes asuntos que involucran irregularidades administrativas y manejo indebido de recursos por más de mil 143 millones de pesos.

Otras irregularidades encontrados fueron el traspaso no justificado de 563 millones de pesos de cuentas federales destinadas a financiar obra pública por un monto total de 8 mil 367 millones de pesos.

También, al revisarse 4 mil 800 pólizas correspondientes a 830 millones de pesos de gasto operativo, se detectaron pagos que carecen de soporte documental que compruebe la adquisición de bienes y/o servicios. Al respeto, se identificaron pagos con factura apócrifa o editada, servicios facturados sin que exista proceso de contratación, ni contrato de prestación de servicio y alteración de documentos soporte del gasto.

Yan Rubio añadió que derivado de la revisión de 115 convenios de obra pública de gasto federalizado correspondiente a mil 137 expedientes de obra, se identificaron 23 contratos que presentan convenios modificatorios con un incremento mayor al 25 por ciento respecto al contrato original, en varios casos se observan incrementos mayores al 50 por ciento. Lo anterior deriva en una violación a las disposiciones de las leyes de obra pública estatal y federal, lo que representa pagos en exceso que se hicieron al contratista fuera de norma y de los márgenes del contrato, explicó.

También se detectaron contratos otorgados a proveedores sancionados por la Secretaría de la Función Pública y del Sistema de Administración Tributaria, lo cual representa el incumplimiento del artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación.

Asimismo, derivado de la fiscalización a los contratos de obra pública se detectó lo siguiente: se realizaron traspasos no justificados entre cuentas, lo que generó que se adeudara a los contratistas más del 40 por ciento de la parte del pago de las obras contratadas, debido a que el Estado distrajo recursos económicos que le correspondía aportar. Aun así la obra fue recibida formalmente mediante acta de entrega-recepción.

También, celebración de contratos de obra pública sin contar con la autorización correspondiente para generar al Gobierno del Estado una obligación financiera, esto es, sin contar con los derechos de propiedad de los terrenos en que se ejecutaría la obra. Además se omitió reintegrar a la cuenta bancaria específica para el manejo de los recursos del programa el anticipo por concepto de contrato de obra pública.

De igual manera, de una revisión a 671 contratos de obra pública, se detectaron faltantes de 58 actas de entrega-recepción, esta falta provoca que en términos de la Ley de Obra Pública la obra no se considere legalmente entregada, lo que impide verificar si la obra se recibió conforme al calendario establecido y con todas las especificaciones contratadas para poder finiquitarla financieramente de forma adecuada.

Acompañaron en esta conferencia de prensa a la secretaria Guadalupe Yan Rubio, el subsecretario de Responsabilidades y Normatividad, Rogelio Arturo Aviña Martínez; el subsecretario de Transparencia y Contraloría Social, Víctor Manuel Pérez Castro; y la subsecretaria de Auditoría, Margarita González Pérez Arce.