Según un informe de la policía de investigaciones las cuidadoras pusieron a la niña boca abajo y se arrodillaron sobre su espalda; murió “por asfixia por sofocación producto de la comprensión mecánica externa”
SANTIAGO, Chile.
Un fiscal chileno acusó el lunes a dos cuidadoras por torturar hasta la muerte a una niña que se encontraba en un centro del servicio estatal de protección de menores vulnerables, decenas de los cuales también habrían sido explotados sexualmente.
La causa de la muerte de Lissette (Villa) dice relación con el ejercicio de violencia física en su contra… es la figura penal que hace poco fue modificada para configurar el delito de torturas”, dijo el fiscal Marcos Emilfork.
El deceso en abril de la niña de 11 años, se convirtió en un caso emblemático y puso sobre el tapete los de otros 865 niños y adolescentes muertos en una década, en centros directos e indirectos del Servicio Nacional de Menores.
Emilfork acusó de la muerte a Conne Fritz y Thiare Oyarce, a la directora del centro donde permanecía la niña y a otras dos personas.
El funcionario habló con la prensa antes de ingresar a la sesión judicial y agregó que prepara más formalizaciones por otras muertes en el Servicio Nacional de Menores, por donde cada año pasan unos 104 mil niños y adolescentes.
Según un informe de la policía de investigaciones las cuidadoras pusieron a la niña boca abajo y se arrodillaron sobre su espalda. El Servicio Médico Legal precisó que Villa murió “por asfixia por sofocación producto de la comprensión mecánica externa”.
Alicia del Basto, presidenta de los funcionarios del Servicio Nacional de Menores, admitió que la mayoría de los cuidadores tiene educación secundaria y carece de capacitación previa y de cursos de primeros auxilios. “Te dicen que tienes que ir a esa casa y ahí aprendes de lo que saben tus propios compañeros”, agregó.
El fiscal tendrá un número acotado de meses para acumular pruebas, y en una nueva sesión el juez decidirá si son suficientes para procesar a ambas mujeres.
Además de las muertes, se investigan datos sobre la presunta existencia de varias redes de explotación sexual de niños a cargo del Servicio, para lo cual fue designado el fiscal José Luis Pérez.
Por su parte el vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, dijo que “es un tema altamente complejo” y recordó que se ha discutido sobre los recursos del Servicio, pero “al contrario de una mejoría se ve un retroceso y eso es muy grave”.
