Culiacán, Sinaloa; a 15 de Abril de 2016.- Por contar con seis órdenes de aprehensión, libradas por los juzgados de los distritos de El Fuerte, Mazatlán y Culiacán, agentes de la Policía Ministerial del Estado y elementos investigadores de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) detuvieron a siete personas, quienes son acusadas de diferentes hechos ilícitos, entre ellas dos por el delito de Homicidio Calificado y Homicidio Culposo.

Acusado del delito de Homicidio Calificado, orden girada por el Juez Sexto del Distrito Judicial de Ahome, fue detenido en el municipio de El Fuerte, Juan de Dios Ramos Avendaño y por el delito de Homicidio Culposo, mandamiento judicial librado por el Juez Sexto Penal de Tijuana, Baja California Norte, fue aprehendido Héctor Omar  Loaiza Guerrero.

También fue detenido Alejandro Adrián Valles Bastidas, quien es acusado en el Juzgado Octavo del Distrito Judicial de Culiacán por el delito de Robo de Vehículo Agravado, mediante la portación de cualquier objeto que pudiera intimidar a la víctima, por dos o más personas, de noche.

Acusado por el delito de Robo Agravado quebrantando la confianza derivada de una relación de trabajo, en el Juzgado Tercero del Distrito de Mazatlán, fue detenido en esta ciudad portuaria Óscar Míreles Hernández.

Luis Cristóbal López Escarrega fue detenido por elementos de la UNESA por ser acusado del delito de Incumplimiento de las Obligaciones y Asistencia Familiar, mientras que por el delito de Violencia Familiar fue detenido José Velázquez Hernández, quien era reclamado por el Juez  Quinto del Ramo Penal de Culiacán.

Los detenidos fueron internados en los Centros de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Ahome, Mazatlán y Culiacán, además fueron puestos a disposición de los jueces que los reclaman, quienes dentro del término legal resolverán su situación jurídica.

La PGJE refrenda su compromiso para hacer cumplir la Ley,  con estricto respeto a los derechos humanos, para llevar ante los Jueces penales a todas aquellas personas que por algún delito sean reclamados por las autoridades judiciales, en especial aquellas acusadas de conductas ilícitas que afecten a las familias.

De conformidad a las disposiciones señaladas en el inciso I, apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales y  22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; en observancia al Derecho de Presunción de inocencia, toda persona se presume inocente y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional.

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