Culiacán, Sinaloa; a 09 de Noviembre de 2016.- Por contar con órdenes de aprehensión en su contra fueron detenidas siete personas por investigadores de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), dependientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en los municipios de Ahome, Mazatlán, Navolato y Culiacán.

 Sin prejuzgar, atendiendo el respeto al derecho del principio constitucional de presunción de inocencia y que nadie es culpable de los delitos que se le imputan hasta que un Juez considere lo contrario, la PGJE informa que por contar con una orden de reaprehensión por el delito de Abuso Sexual, librada por el Juez Mixto de Navolato, fue detenido en  Jesús Alonso Serrano Leyva.

 Acusados por el delito de Daños Culposos fueron detenidos por órdenes libradas por los jueces Tercero de los Distrito Judiciales de Ahome y Culiacán, fueron detenidos Francisco Javier Soto Esqueda y Mario Alberto Rodríguez Batiz, respectivamente.

 Asimismo por estar siendo acusados del delito de Violencia Familiar Equiparada, órdenes giradas por los jueces Mixto de Navolato y Octavo de Culiacán, fueron detenidos Felipe Castillo González y Jesús Alfredo Gambino Beltrán, respectivamente.

 También fue detenido por los agentes de la UNESA, Francisco Fregozo Chaídez, quien está siendo acusado del delito de Incumplimiento de las Obligaciones y Asistencia Familiar, en el Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Navolato y por el delito de Uso Indebido de Documentos, fue detenido por orden del Juez Tercero del Distrito Judicial de Mazatlán, José Salvador Simental López.

 Los detenidos fueron internados en los Centros de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Ahome, Mazatlán y Culiacán, además fueron puestos a disposición de los jueces que los reclaman, quienes dentro del término legal resolverán su situación jurídica.

 La PGJE refrenda su compromiso para hacer cumplir la Ley,  con estricto respeto a los derechos humanos, para llevar ante los Jueces penales a todas aquellas personas que por algún delito sean reclamados por las autoridades judiciales, en especial aquellas acusadas de conductas ilícitas que afecten a las familias.

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