Culiacán, Sinaloa; a 02 de Noviembre de 2016.- Por contar con órdenes de aprehensión en su contra fueron detenidas nueve personas por investigadores de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en los municipios de Ahome, Mazatlán, Navolato, Angostura y Culiacán.

 Sin prejuzgar, atendiendo el respeto al derecho del principio constitucional de presunción de inocencia y que nadie es culpable de los delitos que se le imputan hasta que un Juez considere lo contrario, la PGJE informa que por contar con una orden de aprehensión por los delitos de Robo Agravado y Robo de Vehículo, librada por el Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Norte, fue detenido en  Ahome, Radamez “N”.

 Acusados por el delito de Daños Culposos, girada por el Juez Tercero y Sexto del Distrito Judicial de Culiacán fueron detenidos, Jesús Alán Barajas y Francisco Arturo Castellanos Soto, respectivamente, mientras que por el delito de Violación, girada por el Juez Primero de Mazatlán fue detenido Jesús Antonio Pérez Hernández.

 También fueron detenidos por elementos de la UNESA, acusados de Violencia Familiar, Jorge Humberto Inzunza Leyva y Arturo Santos Cruz, quienes eren requeridos por los jueces Mixto de Navolato y Segundo de Mazatlán, respectivamente. Por ser acusado del delito de Abuso de Confianza, en el Juzgado Tercero de Mazatlán fue aprehendido José Jhovany Gutiérrez Lizárraga.

 Debido a que son acusados del delito de Incumplimiento de las Obligaciones  y Asistencia Familiar, fueron detenidos Saúl Valle Flores, requerido por el Juez Sexto de Culiacán y Jesús Ramón Arredondo Rodríguez, solicitado por el Juez Mixto de Navolato.

 Los detenidos fueron internados en los Centros de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Ahome, Mazatlán, Angostura y Culiacán, además fueron puestos a disposición de los jueces que los reclaman, quienes dentro del término legal resolverán su situación jurídica.

 La PGJE refrenda su compromiso para hacer cumplir la Ley,  con estricto respeto a los derechos humanos, para llevar ante los Jueces penales a todas aquellas personas que por algún delito sean reclamados por las autoridades judiciales, en especial aquellas acusadas de conductas ilícitas que afecten a las familias.

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