Culiacán, Sinaloa; a 07 de Abril de 2016.- Por contar con ocho órdenes de aprehensión libradas por los juzgados de los distritos de Mazatlán y Culiacán, agentes de la Policía Ministerial del Estado y elementos investigadores de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) detuvieron a ocho personas, quienes son acusadas de diferentes hechos ilícitos.

Acusados del delito de violencia familiar y violencia familiar equiparada, fueron detenidos en el municipio de Culiacán Luis Arturo Martínez Landeros; Jesús Omar Pérez Morales y Esteban René González Montenegro, todos detenidos por elementos de la UNESA.

Vladimir Jaircino Estolano Barreda y Mario Antonio Peñuela Castro fueron detenidos por órdenes del Juez Cuarto y Segundo Penal de Culiacán, ambos acusados del delito de Abuso de Confianza.

Por el delito de Daños Culposos y Lesiones los jueces Octavo y Segundo Penal de Culiacán ordenaron la detención de Luis Alberto Miranda Favela e Isidro Blas Matias. Asimismo los elementos de la UNESA detuvieron en Mazatlán a Sergio Ulises Acoltzi Escorcia, quien es acusado del delito de Incumplimiento de las Obligaciones.

A José Amador Lara Ruelas, quien ya se encuentra recluido en el penal de Mazatlán, se le ejecutó una nueva orden de aprehensión, pues es requerido por el Juzgado Tercero Penal del puerto, acusado del delito de Robo Simple.

Los detenidos fueron internados en los Centros de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Mazatlán y Culiacán, además fueron puestos a disposición de los jueces que los reclaman, quienes dentro del término legal resolverán su situación jurídica.

La PGJE refrenda su compromiso para hacer cumplir la Ley, con estricto respeto a los derechos humanos, para llevar ante los Jueces penales a todas aquellas personas que por algún delito sean reclamados por las autoridades judiciales, en especial aquellas acusadas de conductas ilícitas que afecten a las familias.

De conformidad a las disposiciones señaladas en el inciso I, apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; en observancia al Derecho de Presunción de inocencia, toda persona se presume inocente y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional.

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