Culiacán, Sinaloa; a 02 de Abril de 2016.- Por contar con ocho órdenes de aprehensión libradas por los juzgados de los distritos de Guasave, Ahome, Mazatlán y Culiacán, agentes de la Policía Ministerial del Estado y elementos investigadores de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) detuvieron a seis personas, quienes son acusadas de diferentes hechos ilícitos.

Información de la Procuraduría General de Justicia del Estado, destaca que por contar con dos órdenes de aprehensión por Delitos Contra la Salud en su Modalidad de Narcomenudeo y otra más por Robo Agravado, todas ellas giradas por el Juez Tercero del Distrito Judicial de Ahome, fue detenido en la ciudad de Los Mochis, Jaime Humberto  Quintana Figueroa.

Por estar siendo acusado del delito de Fraude en el Juzgado Segundo del Distrito Judicial de Culiacán, fue detenido Marco César García Millán, mientras que por el delito de Robo Agravado, orden de aprehensión girada por el Juez Segundo del Distrito Judicial de Ahome, fue detenido Erick Antonio González Cianuqui.

Los agentes investigadores detuvieron por contar con una orden de aprehensión por el delito de Lesiones Dolosas, girada por el Juez Primero del Ramo Penal de Guasave, a José Manuel Cota Armenta y por el delito de Daños Culposos, orden librada por el Juez Noveno del Distrito Judicial de Culiacán, fue detenida Cinthya Guadalupe Sánchez Flores y Sergio Iván Torres Ibarra, fue detenido por el mismo delito, pero por petición del Juez Cuarto del Ramo Penal de Mazatlán.

Los detenidos fueron internados en los Centros de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Ahome, Guasave, Mazatlán y Culiacán, además fueron puestos a disposición de los jueces que los reclaman, quienes dentro del término legal resolverán su situación jurídica.

La PGJE refrenda su compromiso para hacer cumplir la Ley,  con estricto respeto a los derechos humanos, para llevar ante los Jueces penales a todas aquellas personas que por algún delito sean reclamados por las autoridades judiciales, en especial aquellas acusadas de conductas ilícitas que afecten a las familias.

De conformidad a las disposiciones señaladas en el inciso I, apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales y  22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; en observancia al Derecho de Presunción de inocencia, toda persona se presume inocente y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional.

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